El ayuntamiento de Ferrol dio a conocer ayer la sentencia del juzgado contencioso administrativo de la ciudad sobre el recurso de desestimación interpuesto por Navantia por la sentencia de 2015 que obligaba a la factoría a pagar el IBI de sus instalaciones. Según la empresa astillera los terrenos fueron cedidos por el Ministerio de Defensa, y al continuar prestando un servicio a la Armada debería ser considerada como instalación de importancia para la Seguridad Nacional, y por tanto exenta de esta clase de tributación.
La juez que instruyó el caso, no obstante, ha dado la razón al ayuntamiento, considerando que la empresa no sólo realiza una labor ligada a la seguridad del estado, sino también privada y lucrativa. Se desconoce si la empresa presentará un nuevo recurso frente a una instancia superior, y por lo tanto cuándo comenzará a ingresar su tributación en las arcas de la ciudad.