Esta mañana se celebró en Ferrol el juicio contra la CIG y el comité de huelga por sus acciones durante el conflicto de la industria auxiliar de Navantia, que supuso el paro del personal durante 22 días.
La compañía pública presentó una demanda judicial contra los organizadores de la huelga de las auxiliares, una demanda que afirman tiene una pretensión declarativa, es decir, que se considere ilegal o subsidiariamente abusiva. El astillero público achacó a esta huelga la pérdida de varios encargos en el área de Reparaciones de las factorías de la ría de Ferrol y cifró en 1,7 millones los salarios abonados de los tres días en los que no se produjo.
El sindicato nacionalista, por su parte, afirma que Navantia no puede pedir que se declare ilegal la huelga al no ser la empleadora directa de los trabajadores en paro y que no se puede encausar a 4 personas por un conflicto, colectivo. La CIG convocó una concentración media hora antes del inicio del litigio, que quedó finalmente visto para sentencia, y entiende que con esta acción Navantia pretende “criminalizar” una huelga legítima de los trabajadores de las auxiliares.
A esta concentración acudió también la diputada del BNG en el Parlamento Gallego, Noa Presas, para mostrar su apoyo a los trabajadores juzgados y a la CIG.