26/02/2014
Los sindicatos de CCOO, UGT, CSIF, USO y CIG llevaron a cabo hoy en el juzgado de Ferrol una concentración para que se mantenga el carácter de servicio público de la Administración de Justicia y oponerse a la privatización del Registro Civil.
Estas centrales sindicales también se posicionan en contra de un nuevo impuesto revolucionario a la ciudadanía, en beneficio de los registradores de la propiedad y la destrucción de empleo público.
Los principales afectados, señalan, son los ciudadanos y los más de 3.500 funcionarios de justicia. Los primeros deberán enfrentarse a un nuevo repago, según los sindicatos, de un servicio que era público, gratuito y ejemplar en su gestión.
La privatización prevista, concluyen, es un regalo para unos profesionales pertenecientes a las élites de este país, los 800 registradores de la propiedad, y supondrá la sustitución de la eficiencia de lo público por la búsqueda de la rentabilidad económica privada.